15 de Julio de 2016.- A solicitud del Ministerio Público, un chofer y sus dos hijos fueron recluidos en el penal de Piura por el plazo de cuatro meses, mientras continúan las investigaciones por el delito contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales maderables, en agravio del Estado. Es la primera prisión preventiva que se logra en Lambayeque por dicho delito.
Se trata de César Carreño de la Cruz y sus hijos César Alejandro y Luis Andrés Carreño Reyes, quienes fueron intervenidos transportando 500 sacos con carbón vegetal de 70 kilos cada uno, por un monto que supera los dos millones de soles.
El requerimiento de la medida coercitiva fue sustentado por la fiscal Yvonne Zárate Izquierdo, de la Primera Fiscalía Provincial de prevención del delito de Lambayeque con competencia en materia ambiental, en concordancia con el artículo 268 del código procesal penal, esto es, la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los imputados con el presunto delito, además, que la probable pena a imponerse al final del proceso superaría los 4 años de prisión y existencia de peligro procesal.
La magistrada precisó que los investigados tienen otras investigaciones por similar delito en etapa preliminar y preparatoria en el Ministerio Público.
De los actuados se tiene que el 12 de julio del presente año, a las 23:20 horas los imputados se trasladaban en el camión de placa B4Q – 871 color con carreta de placa A6Z-989 color blanco azul gris, transportando sospechosamente sacos de polipropileno por la carretera Panamericana norte, por lo que la policía procedió a su intervención a la altura del kilómetro 778.
Al efectuar la revisión de la mercancía, el conductor César Carreño refirió que la carga era carbón vegetal en 500 sacos de 70 kilos cada uno con un peso total de 35 toneladas, sin contar con la documentación sustentatoria que demuestre su procedencia lícita, procediéndose a levantar las actas respectivas para la incautación.
La mercadería incautada corresponde a la destrucción de 259 árboles de algarrobo con un valor de 10 mil soles que equivale a un costo total que supera los dos millones de soles considerado un grave atentado al ecosistema.
De esta manera, el juzgado de investigación preparatoria de Piura declaró fundada la medida coercitiva.
