Mar. 16. Autoridades verificaron la tala ilegal de algarrobos con fines de expansión agrícola y los serios daños que ocasionando la minería informal en la Reserva Ecológica Chaparrí, ubicada en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.
En la diligencia participaron representantes del Ministerio Público, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de la Gerencia de Energía y Minas de Lambayeque.
Según el Ministerio Público, en la visita de inspección se constató que en el sector 2 de la reserva, comuneros de la zona han abierto un canal con maquinaria pesada cerca de la cabecera del reservorio de Tinajones. Según se verificó, el ducto tiene aproximadamente ochenta centímetros y una extensión de casi seiscientos metros.
Las autoridades comprobaron, asimismo, la existencia de zonas de cultivo en la zona afectada, por lo que se presume que la apertura del canal tiene como fin abastecer de agua a las áreas agrícolas informales sin contar con la autorización de la entidad competente.
Se verificó también que inescrupulosos talaron árboles de algarrobo jóvenes con el fin de adaptar los suelos para fines agrícolas; y que se ha extraído material no metálico utilizado para la construcción de viviendas.
El recorrido estuvo a cargo de la fiscal Ana Tiravanti Martínez, de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Chiclayo, quien estuvo acompañada de la ingeniera Kelly Sinacay Montalvo, de Serfor; y de los ingenieros Janina Flores Arrasco y Federico Sánchez Sánchez, de Energía y Minas.
Para las autoridades, dichos trabajos han causado daño ecológico en el lugar debido al cambio de uso del suelo no autorizado para generar zonas agrícolas, lo que constituye una infracción muy grave a la legislación forestal vigente.
Por esta razón, la representante del Ministerio Público solicitó a las autoridades asistentes los informes técnicos respectivos para abrir proceso penal contra Lázaro Rodas Morales y Marco Antonio Díaz Castillo, directivos de la comunidad ‘Muchik Santamaría’.
Según precisó la representante del Ministerio Público, los presuntos autores del ilícito habrían incumplido normas y estarían inmersos en delitos contra la depredación de bosques protegidos e ingreso ilegal al territorio nacional de residuos peligrosos, previstos en el Código Penal.
