Julio, 01 (Correo).- En aprietos. Así parecen estar los regidores de la actual gestión en la Municipalidad Provincial de Chiclayo MPCh, al igual que los 15 anteriores concejales de la era del recluido exalcalde Roberto Torres Gonzales y algunos otros funcionarios y exfuncionarios más, quienes aparecen en una relación de 65 personas en calidad de “participantes” dentro de una carpeta de control emitida por la Contraloría.
Esto tras el examen especial que el órgano contralor practicó al exServicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Satch), ahora Centro de Gestión Tributaria (CGT), por la aprobación de ordenanzas municipales que permitieron la prescripción y condonación de deudas tributarias y no tributarias de 65 mil 412 contribuyentes, lo que generó que este municipio deje de recaudar 57 millones 456 mil 31 soles.
ANTICORRUPCIÓN. Se resalta que en la edición del pasado 31 de diciembre de 2015, Correo publicó parte del hallazgo que la Contraloría hizo en este caso, lo cual dio pie a la posterior Carpeta de Control N° 0122- 2015, la misma que fue recepcionada el 7 de marzo de este año por José Oscar Guevara Gilarmas, de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Luego, con oficio N° 178-2016, la coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción, Magaly Quiroz Caballero, le remite al fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Provincial Penal de turno la carpeta fiscal N° 2016-178-0, la misma que tiene sello de recepción 9 de mayo del presente.
En dicho oficio, Quiroz Caballero refiere “...remitirle los actuados (folios 07) conjuntamente con sus 74 tomos (...) conforme lo ordenado en la Disposición Fiscal de Derivación N° 01 del 19 de abril de 2016, a fin de que la Fiscalía Penal determine la presunta existencia del delito de omisión de actos funcionales, conforme a los fundamentos esgrimidos en la citada disposición fiscal...”, reza el documento.
Para ahondar en detalles, se tiene que tanto el ejercicio municipal del exburgomaestre Roberto Torres junto con el pleno de su concejo de aquel entonces, así como el actual gobierno municipal de David Cornejo Chinguel, con igual número de munícipes (15) autorizaron, en su momento, ordenanzas municipales que aprobaban este tipo de beneficios.
En el examen especial la Contraloría expone como hechos evidenciados las solicitudes de prescripción de deudas tributarias y no tributarias correspondientes al periodo 1999 al 2014, declaradas fundadas debido a la no emisión de valores tributarios que exijan el pago de la deuda correspondiente a 302 contribuyentes, así como al no haberse iniciado cobranza coactiva alguna; “ha generado la no recaudación de 4 millones 4 mil 840.05 soles”.
Asimismo, las obligaciones tributarias correspondientes del 2002 al 2008, cuya “prescripción automática” fue iniciada por 3 mil 394 deudores tributarios, “generó la no recaudación de 3 millones 528 mil 965.30 soles.
Otro hecho concreto para el órgano de control es la pérdida del derecho del Satch para determinar y exigir el pago de deudas tributarias del periodo 2002- 2010 correspondiente a 5 mil 341 contribuyentes, por la no interrupción o suspensión del plazo de prescripción de las mismas, “valorizadas en 19 millones 883 mil 167.14 soles”.
Por último la carpeta también comprende que, durante el periodo de 2012 al 2015, el Satch y la MPCh tramitó y aprobó, respectivamente, la condonación de infracciones de tránsito vigentes y aquellas cuyo pago ya no era exigible, correspondiente a 56 mil 375 infractores (2013- 2014), aun cuando dicha facultad no es competencia del gobierno local (municipalidades) “generando la no recaudación de 30 millones 120 mil 483.82 soles”.
LAS ORDENANZAS. El examen especial, además, hace mención a las ordenanzas municipales aprobadas, tanto en la anterior gestión (10), como en la presente (1) que permitieron el beneficio relacionado con la condonación de las multas por infracción de tránsito.
Las ordenanzas municipales son: N° 009-2012; 012-2012; 005-2013; 010-2013; 014-2013; 001- 2014; 004- 2014; 005- 2014; 009- 2014; 015- 2014.
A estas se suman la ya famosa Ordenanza Municipal 020- 2015, la cual es la única que ha sido aprobada, por unanimidad, por el actual concejo municipal.
Se recalca que el día que se aprobó la Ordenanza N° 020, la sesión del pleno por motivo de viaje no fue dirigida por el alcalde David Cornejo, en su reemplazo estuvo el primer regidor, Guillermo Segura Díaz, es por eso que el burgomaestre chiclayano no aparece como participante en la extensa relación de 65 personas que la Contraloría considera en la carpeta de control.
Además, se resalta, que el regidor César Sisniegas Vergara tampoco participó de aquella sesión de concejo (por motivo de viaje), pero es considerado en el examen especial.
