Marzo, 03.- La Sala Penal Vacacional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirm� la prisi�n preventiva por el plazo de 18 meses contra el ex alcalde, ex funcionarios y proveedores de la Municipalidad distrital de San Jos� de Lourdes, en la provincia cajamarquina de San Ignacio, investigados por los delitos contra la administraci�n, asociaci�n il�cita para delinquir, peculado doloso por apropiaci�n y otros.
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La audiencia se realiz� el pasado viernes 19 de febrero del a�o en curso y se inici� a las �4:34 de la tarde, �prolong�ndose por espacio de 7 horas.
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En ese periodo, �los abogados sustentaron la apelaci�n de sus patrocinados, sin embargo la Sala integrada por los magistrados Juan Riquelme Guillermo Piscoya, �scar Manuel Burga �Zamora y Enrique Eduardo Salazar Fern�ndez ratific� la decisi�n de primera instancia adoptada por el Juzgado de Investigaci�n Preparatoria de San Ignacio.�
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Se trata del ex alcalde de dicha comuna, Hildebrando Cruz Saavedra; Elmer Onan Quispe Mej�a, ex administrador; �H�ctor Mauro Tineo Carrasco, ex jefe de abastecimiento; Henry Alfredo Fiestas Olivera, ex jefe de planificaci�n y presupuesto. Igualmente, Nelsis Aguirre Soto, ex tesorero; Mirtha Yareni Brito Le�n, ex secretaria del departamento de Infraestructura y Desarrollo DIDUR y responsable del manejo de los fondos de la Municipalidad distrital de San Jos� de Lourdes. De otro lado, los ex proveedores Jorge Luis y V�ctor Hugo Montenegro Gonz�les.
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El Colegiado consider� que debe dictarse la medida de prisi�n preventiva contra Edwin Reynaldo Pe�a Parra y �Sincler �Clander Castillo C�rdova, revocando la orden de comparecencia con restricciones que ten�an y disponiendo su ingreso al establecimiento penal de San Ignacio, pues concluy� que se cumplen los tres presupuestos que establece el art�culo 268 del C�digo Procesal Penal al existir graves y fundados elementos de convicci�n que vinculan a los investigados en los il�citos. Adem�s, la probable prognosis de pena al final del proceso ser� superior a los cuatro a�os de pena privativa de la libertad y la existencia de peligro procesal.
